El pasado 3 de agosto se expidió el Decreto 854 de 2021, en el cual, se dictan criterios financieros o razones para determinar si existe un deterioro patrimonial y por lo tanto, un riesgo de insolvencia, con el fin de identificar el acaecimiento de la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha de que trata el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020.
Ahora bien, el Decreto específicamente determina el momento en el que los administradores sociales deberán verificar si se encuentra frente a la posibilidad de incurrir en la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, por lo cual los administradores deben analizar la realidad de la sociedad al momento de elaborar los estados financieros de propósito general al cierre del ejercicio, de esta manera éstos deben ser presentados con la información completa que soporta la evaluación de la administración, al máximo órgano social en la reunión ordinaria, para que este, a su vez, tome las decisiones que le corresponden.
Por su parte, dentro de los deberes de los administradores está la constante revisión del estado financiero de la compañía, esto incluye tanto el presente como el futuro previsible con las expectativas de funcionamiento en los siguientes 12 meses a partir del periodo que se debe informar, lo que permite determinar la existencia o la posibilidad del deterioro patrimonial de la sociedad y posteriormente entregar soportes del análisis al máximo órgano social.
Press Release
Boletín #149
23 ago. 2021
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide Decreto con criterios para determinar riesgo de insolvencia o deterioro patrimonial
El pasado 3 de agosto se expidió el Decreto 854 de 2021, en el cual, se dictan criterios financieros o razones para determinar si existe un deterioro patrimonial y por lo tanto, un riesgo de insolvencia, con el fin de identificar el acaecimiento de la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha de que trata el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020.
Ahora bien, el Decreto específicamente determina el momento en el que los administradores sociales deberán verificar si se encuentra frente a la posibilidad de incurrir en la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, por lo cual los administradores deben analizar la realidad de la sociedad al momento de elaborar los estados financieros de propósito general al cierre del ejercicio, de esta manera éstos deben ser presentados con la información completa que soporta la evaluación de la administración, al máximo órgano social en la reunión ordinaria, para que este, a su vez, tome las decisiones que le corresponden.
Por su parte, dentro de los deberes de los administradores está la constante revisión del estado financiero de la compañía, esto incluye tanto el presente como el futuro previsible con las expectativas de funcionamiento en los siguientes 12 meses a partir del periodo que se debe informar, lo que permite determinar la existencia o la posibilidad del deterioro patrimonial de la sociedad y posteriormente entregar soportes del análisis al máximo órgano social.
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